La participación ciudadana está garantizada en distintos marcos legales tanto a nivel  federal, como  estatal y municipal.Marco Jurídico

 






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
La constitución política es la norma fundamental que rige el estado mexicano, dentro de ella se estipulan los principios, normas rectoras del sistema político mexicano. Dentro de su articulado se prevén algunos derechos de la ciudadanía en relación a la participación ciudadana, mismos que se ilustran a continuación.
 

Artículo 35. Este  supuesto jurídico nos establece cuales son los derechos de la ciudadanía, señalando en ellos los que permiten la participación ciudadana en la vida pública, mismos que a continuación se transcriben.

  • Votar en las elecciones populares;
  • Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
  • Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;
  • Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional Participar en los procesos de revocación de mandato.
  • Participar en los procesos de revocación de mandato.
Artículo 41.  En su apartado C. establece lo siguiente;
 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
 
    1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
    2. Educación cívica;
    3. Preparación de la jornada electoral;
    4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
    5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
    6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
    7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
    8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
    9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
    10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
    11. Las que determine la ley.
 





Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 
Artículo 2º. La soberanía del estado reside esencial y originalmente en el pueblo coahuilense. El pueblo ejerce su soberanía:
 
  1. En forma directa, por medio del sufragio popular, el plebiscito y el referendo para renovar o, en su caso, para vincular en forma obligatoria a los poderes públicos del estado y de los municipios, en los términos que disponga esta Constitución y demás leyes aplicables.
  2. En forma indirecta, por medio de los poderes públicos del estado y de los municipios, en los términos prescritos por esta Constitución y con arreglo al pacto fundamental de la República y las leyes que de ellos emanen.
Estas formas de ejercer la soberanía, dentro del régimen interior del estado, son principios esenciales que legitiman el Poder Público del Estado y que, además, se complementan entre sí dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución.
 
El plebiscito es la consulta popular mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan las decisiones trascendentales del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, en los términos que establezca esta Constitución y demás disposiciones aplicables.El plebiscito es la consulta popular mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan las decisiones trascendentales del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, en los términos que establezca esta Constitución y demás disposiciones aplicables. El referendo es la consulta popular mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan una iniciativa de ley o decreto o, en su caso, una ley o decreto trascendentales del Poder Legislativo del Estado, en los términos que establezca esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8º, párrafo 5°. La ley establecerá las formas, términos y procedimientos de los instrumentos de participación ciudadana y comunitaria, para garantizar el derecho a participar en la vida pública del estado y de los municipios.
 
 
Artículo 310. Artículo 310. El Instituto Electoral de Coahuila, en el ámbito de su competencia, tendrá por objeto:  
 
  1. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho.
  2. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el estado, así como la participación ciudadana a través de los mecanismos que la propia ley establece. 
  3. Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio popular. 
  4. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. 
  5. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.





Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Coahuila.
 
Esta ley, dentro del ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipal, tiene por objeto: 
 
  1. Fomentar, promover y salvaguardar el derecho de los ciudadanos y habitantes coahuilenses, para participar en la vida pública. 
  2. Fomentar, promover y regular la organización y participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones públicas fundamentales, a fin de que gobierno y comunidad: 1. Promuevan e instrumenten las demandas comunitarias. 
  3. Establezcan mecanismos de control comunitario para garantizar el ejercicio legal, democrático y transparente del poder público. 
  4. Colaboren de manera plural, constructiva y corresponsable en la planeación, ejecución, vigilancia y evaluación de la función pública. 
  5. Fomentar, promover e instrumentar una política de desarrollo comunitario.